Reportaje a Christian Socolovsky, instructor de tiro.

El espejismo del desarme y la violencia en las aulas

El porqué de esta nota.

Los casos de violencia extrema en colegios argentinos son excepcionales, pero su impacto social es enorme. El ataque de Patagones (2004) y la puñalada en San Justo (2023) alimentan un pánico moral que suele derivar en un debate reduccionista: el control de armas como única respuesta.

Sin embargo, esa mirada ignora la realidad más cruda: la mayoría de los delitos violentos en el país se cometen con armas ilegales, provenientes del contrabando o del mercado negro. También se señala a la violencia doméstica como justificación para restringir la tenencia legal, pero los agresores no respetan los registros: usan armas ilegales o las robadas a fuerzas de seguridad.

El verdadero problema no es el ciudadano que almacena su arma bajo llave, sino la incapacidad estatal para desarmar al delincuente y contener al violento.

Para entender esta paradoja, entrevistamos a Christian Socolovsky, contador, instructor de tiro y referente en la regulación de armas en Argentina. Le disparamos siete preguntas.

Le disparamos a Christian Socolovsky 7 preguntas.

1. Usted esgrime el caso de Australia como un fracaso del desarme, donde las tasas de homicidio se dispararon tras la prohibición. Pero los defensores del control argumentan que, precisamente, la masacre de Port Arthur (1996) fue el punto de inflexión para desarmar a la población y que desde entonces no ha habido tiroteos masivos de esa magnitud. ¿Nos puede detallar por qué sostiene que el modelo australiano es un fracaso y no un éxito a largo plazo?

CS- A pesar del programa de “Buy Back” —la recompra de armas más conocida como “desarme civil” impulsada por el gobierno australiano tras la Masacre de Port Arthur— los tiroteos continuaron. Conviene recordar que el Estado cometió graves errores burocráticos al vender un fusil de asalto a Martin Bryant, un paciente con antecedentes psiquiátricos, conocido por los vecinos de su pueblo. Sin embargo, este hecho fue omitido en el juicio, donde se lo condenó como si hubiera sido responsable de pleno hecho y derecho, una estrategia que evitó que el gobierno asumiera responsabilidades por la autorización de la venta de un fusil de asalto a un sabido enfermo y evitar así pagar por los daños y perjuicios resultantes de la masacre. Desde 1996 en adelante se han registrado más de veinte tiroteos, entre los más graves se destacan el ocurrido en el estacionamiento de la Universidad de Monash Melbourne en 2002 y el ataque antisemita en Bondi Beach, en pleno centro de Sydney en 2025. Incluso después de ese episodio, se produjo otro en 2026 en Lake Cargelligo, Nueva Gales del Sur.

El gasto público destinado al programa demostró ser inútil, generando abultados déficits sin mejorar la seguridad. Hoy, numerosas instituciones académicas se animan a realizar estudios que concluyen que el “Buy Back” —o desarme civil— fracasó como política pública, pues una prohibición por sí sola no constituye una estrategia de seguridad. Si me permite una experiencia personal, aún recuerdo especialmente un tiroteo durante el año 2006 en un cabaret de la calle Williams en Melbourne: mientrasviajaba en tren a mi trabajo, pude ver la escena desde las vías elevadas, con patrulleros y la calle cerrada. El atacante utilizó una pistola fantasma, clon de Colt, fabricada en talleres ilegales de Filipinas; murieron una bailarina y un turista europeo, y varios resultaron gravemente heridos, incluida la pareja del turista. La mayoría de las armas empleadas en estos ataques ingresan por las fronteras marítimas del norte de Australia, donde el país limita con Indonesia, Malasia, Timor Oriental, Papúa y Nueva Guinea. El Gobierno Australiano ha mantenido una prohibición por más de 30 años como si fuera efectiva, pero se han generado más de 20 tiroteos en ese periodo, casi 1 por cada año y meses. El fracaso es evidente. Aquí hay que trabajar en una política de seguridad pública, que tenga ejes bien diferenciados, en los cuales concentrar los esfuerzos públicos en el análisis y la prevención de estos hechos, sin disminuir derechos individuales y públicos mediante costosas prohibiciones que se han demostrado ineficaces.

2. Usted defiende la «portación libre e irrestricta» para civiles capacitados. ¿Podría definir con precisión qué entiende por «irrestricta» y cómo evitaría que esa libertad derive en lo que sus detractores llaman el «Lejano Oeste», especialmente en un país con altos índices de violencia en el tránsito y conflictos vecinales? ¿Dónde traza la línea entre el derecho a la defensa y el riesgo de fomentar una justicia por mano propia?

Quiero dejar en claro que no defiendo la portación libre e irrestricta de armas por parte de civilescapacitados, sino lo que llamo una “portación colegiada” de legítimos usuarios. La diferencia es sutil, pero amplia. Esto significa que los legítimos usuarios que la soliciten deben atravesar un curso riguroso, con sólida capacitación teórica en leyes y jurisprudencia, entrenamiento intensivo en habilidades de tiro y plena conciencia de la responsabilidad civil de lo que implica portar un arma. Un usuario que cumpla con un programa de tiro equivalente —o incluso superior— al de las policías provinciales se convierte en un tirador seguro, legal y consciente de las limitaciones del arma, la munición y el escenario de tiro, reduciendo así los riesgos. Al final del día, cada persona es responsable de sus actos, y un usuario instruidoevitará jugarse la CLU o portación por cualquier situación ilegal.

Permítame señalar que las estadísticas sobre violencia de tránsito o conflictos vecinales son prácticamente inexistentes. Son temas insertados a pedido por algunos políticos a las ONGs desarmistas.Estos temas se utilizan como tabú mediático para manipular audiencias y alimentar el discurso de los sectores desarmistas, en especial cuando uno los contrasta frente a las cifras reales del delito diario. Ese si es un verdadero “Lejano Oeste” y existe una doble moral al respecto, mucha hipocresía, todos los días hay 8 muertos diarios por la delincuencia y se toma como algo normal, algo que la sociedad debe tolerar y comprender-aunque sea difícil de aceptar para los familiares de las victimas que solo pueden gritar “justicia”-mientras tanto, el hecho que una persona capacitada quiera portar su arma de forma legalpara su defensa, esconsiderado “altamente peligroso” para la sociedad por miedo a que se transforme en el “Lejano Oeste”. ¿Cómo se explica esto?Que algo quehipotético,seamás peligroso para la población que algo real como los 8 muertos diarios que tenemos. Todo al revés. Y aquí surge la pregunta incómoda: ¿qué es lo que más molesta a las ONGsy políticos desarmistas, que un legítimo usuario capacitado porte un arma legal y segura, o que se combata a la delincuencia? Personalmente, me inclino a pensar que es lo segundo.Pareciera que hay grupos de ONGsdesarmistas y políticos que se empeñan en defender al delito y sus consecuencias. No se entienden sino políticas y propuestas para desarmar a legítimos usuarios legales mientras que no hay ni una tibia campaña contra la ilegalidad y la delincuencia. Es fácil mostrar acciones de seguridad publica atacando a los legítimos usuarios.

Por otro lado, la legislación vigente sobre portación genera una paradoja difícil de ignorar. La ley fue promulgada en 1973 y su decreto en 1975, en pleno contexto de guerra interna contra grupos terroristas. Por eso, se estableció que ciertos funcionarios públicos podían acceder a la portación de manera prácticamente automática, mientras que para los civiles se creó la “Comisión Evaluadora de Portaciones”, un mecanismo pensado para evitar que un “subversivo”obtuviera un arma. Hoy, sin embargo, ese filtro resulta innecesario en la práctica. La consecuencia es absurda: un funcionario sin experiencia real con armas recibe la portación sin obstáculos, mientras que un legítimo usuario civil, entrenado y consciente de sus responsabilidades, que realmente necesita tener una portación, ve su solicitud denegada.

Aún guardo en mi memoria la imagen del juez Oyarbide descendiendo las escalinatas del Palacio de Tribunales portando un revólver calibre .38 Special a la vista. Un hecho ilegal, ya que la ley establece claramente que la portación civil debe ser oculta. ¿Cuántos disparos habrá hecho en su vida el señor juez? Seguramente muy pocos. Esa escena resume la contradicción: quienes menos saben de armas son los que más fácilmente acceden legalmente a ellas, mientras que quienes se preparan con rigor y responsabilidad quedan marginados por un sistema que arrastra la ideología de un pasado que ya no existe.En mi humilde opinión, la manera de democratizar la portación es disolver la “Comisión Evaluadora de Portaciones”, cuya arbitrariedad decide quién “merece” y quien esta en “riesgo” como para portar un arma y quién no, excepto sea funcionario y por ley no es evaluado. Así de claro y justo. Haría solo una excepción: las mujeres que sufren graves problemas de violencia de género, son quienes deberían tener un acceso más ágil y directo. Lo que no se puede indudablemente permitir es que circulen por las calles personas no capacitadas portando un arma.

3. En sus escritos, critica duramente el accionar de ONGs desarmistas como el INECIP o la RAD, a las que acusa de vivir de «intereses económicos extranjeros» y tergiversar datos. Sin embargo, ellos señalan que el lobby proarmas responde a la industria (como BERSA) y a grupos de presión similares. ¿Quién financia las actividades de promoción de la tenencia y portación en Argentina y cuál es su vínculo con la industria armamentística local?

CS -Hablar de un “lobby pro-armas” en Argentina resulta, a mi entender, una exageración.La industria local se reduce a un puñado de fabricantes, algunos importadores y las armerías que sobrevivieron a décadas de fracaso económico estructural y políticas de desarme sistemático impulsadas por distintos gobiernos. Apenas dos empresas han logrado sobrevivir: Fabricaciones Militares, que hoy es apenas una sombra de lo que fue, y Bersa, que, si bien ha mejorado en los últimos años, sigue siendo una compañía de escala “boutique” en comparación con cualquier fabricante norteamericano, o sin ir más lejos, con la brasileña Taurus.Existen algunas fábricas de accesorios, pero su relevancia es mínima.Aquí no se venden noventa mil millones de dólares solo en munición calibre 9mm como ocurre en los Estados Unidos. En una sola munición, todo el PBI argentino. La mayor parte de la financiación proviene de iniciativas privadas destinadas a publicidad y promoción, sin que se advierta un flujo significativo de recursos orientados a fomentar la tenencia o portación de armas en el país. Por estas razones, considero que hablar de lobby resulta impropio. Y fíjese que ni siquiera hablo de “lobby de la industria de la defensa” porque aquí directamente no existe.

A los entes desarmistas les gusta presentar la realidad argentina como si fuera idéntica a la norteamericana, con el objetivo de confundir a la población. Despilfarrando fondos públicos -porque dineros privados o propios ellos no usan- impulsan políticas de desarme, dominan el juego y lo ejecutan con eficacia: ellos sí conforman un verdadero lobby. Se citan entre sí, se promocionan mutuamente, mantienen centros de estudios que generan ensayos de trabajos cotidianamente, mantienen vínculos con organizaciones internacionales, acceden con facilidad a los medios y visitan los despachos del Congreso de manera constante promoviendo sus papers. Se ubican en excelentes y suculentos puestos ya sea el ámbito público o privado y se protegen entre sí. Basta con “googlear” varios nombres y ver que de cargo de gerente o director ejecutivo no bajan, bien prestigioso el tema tiene que ser. Saben ocupar espacios y reivindicarlos como propios. Son más astutos y colaborativos que los empresarios de la industria armamentista local.

Nuestros empresarios carecen de esa visión estratégica que caracteriza al lobby desarmista. No apoyan a personas ni instituciones que promuevan el deporte, excepto alguna que otra participación, no impulsan campañas de concientización o legalización de armas ni se agrupan en una organización semejante a la NRA que incluya a los legítimos usuarios. Podrá decirme que la NRA es demasiado, bueno, tampoco participan o promueven centros de estudio que elaboren propuestas de mejoras legislativas o políticas de seguridad pública. No contratan a expertos como consultores en sus empresas. No van a los medios ni al Congreso ni envían representantes. Les cuesta reivindicar los espacios que les pertenecen. No organizan actividades aglutinadoras o de capacitación de legítimos usuarios: todo se reduce, con perdón de la industria, a la recaudación.

Cuando algunos diputados han presentado proyectos de ley delirantes respecto a las armas, las respuestas fueron individuales, asimétricas, descoordinadas y caóticas. Predominan el ego y la falta de valoración de las tareas gremiales empresarias, lo que explica por qué los entes desarmistas acumulan tanto poder mientras el supuesto “lobby pro-armas” permanece ausente.En el último gobierno, ni siquiera fueron invitados a participar en debates clave sobre cambios y procesos donde eran necesarios su presencia y opinión. No solo por ideología, no se habían movido lo suficiente como para defender lo propio. Por suerte apoyan “hasta ahí” a la cámara que los agrupa, lo cual es una acción mínima. En cierta forma le tengo más miedo a esta pasividad, tibieza y falta de estrategiaempresaria que a los embates desarmistas, que dicen abiertamente que no les gustan las armas.

Habiendo dicho esto, quiero responderle respecto de mi trabajo. Mi tarea profesional siempre se ha basado en análisis de estadísticas oficiales y experiencia haciendo proyecciones, en base a defender la Constitución, las leyes y los derechos individuales de las personas con una convicción profunda. He expuesto situaciones difíciles y políticamente incómodas que afectaron garantías constitucionales. Recuerdo que un empresario armero me agradeció por escribir lo que él no podía decir porque corría riesgo de perder su habilitación comercial. En mi caso, parecería que sí puedo arriesgar mi Credencial de Legítimo Usuario por señalar errores administrativos y proponer mejoras que incomodaron políticamente. Permítame agregar que, después de aquel agradecimiento, este empresario ni siquiera me invitó a un café. Es un ejemplo de cómo funciona —y lo desagradecida que puede ser— la industria.

Todo lo que logro lo hago con esfuerzo propio: mis visitas al Congreso, mis viajes, mis estudios e investigaciones salen de mi cabeza, bolsillo, esfuerzo y tiempo. Por eso los resultados son modestos: a bolsillo pequeño, resultados pequeños; a bolsillos grandes, resultados grandes. Estoy conforme con lo poco que he conseguido y he aportado, porque he dado todo lo que tenía de mi para defender la actividad de tiro deportivo que amo y que me apasiona.Quiero cerrarle lapregunta con estaafirmación: de la industria no he recibido absolutamente nada, ni siquiera una miserable caja de balas calibre .22LR como gesto de apoyo o agradecimiento por lo que hago.

4. Hablemos de armas. Como instructor y usuario, ¿cuál es su arma corta preferida y por qué? Especifique marca, modelo y calibre. ¿Y cuál es su arma larga preferida para defensa u orden público? De nuevo, detalle calibre y modelo. ¿Cuál es el calibre que considera el más equilibrado para la defensa del hogar y por qué?

CS- En armas cortas tengo dos. Para dar instrucción utilizo una Bersa Thunder Pro, que considero una pistola ideal para enseñar: es completa, moderna, confiable, precisa, con mandos ambidiestros, fácil de armar y desarmar, y muy visual para el alumno. Sin embargo, mi arma preferida —si pudiera adquirirla— sería una CZ 75 Shadow II Orange.En cuanto a calibres, para las clases empleo el 9 mm, por su practicidad y precio. Pero el que más disfruto disparar, y que me resulta verdaderamente divertido, es el .40 S&W.

En el terreno de las armas largas, cuando pienso en defensa o en situaciones de orden público, siempre vuelvo a la escopeta a trombón calibre 12 UAB. Mossberg o Remington considero son las mejores, las más duras, las más resistentes. Es el arma que mejor resume lo que busco transmitir en una instrucción: confiabilidad y versatilidad. Cuando enseño, me gusta mostrarle al alumno que no se trata solo de un arma potente, sino de una herramienta adaptable.

La escopeta permite trabajar con distintos tipos de munición según la situación: desde cargas de estruendo, postines y postas de goma -munición de tipo no letal útiles para el control y disuasión a corta distancia- hasta cargas defensivas livianas o postas de plomo, que demuestran lapotencia y prestaciones del arma en un escenario realde riesgo letal.

En mis clases, esa variedad se convierte en un recurso pedagógico: el alumno aprende que cada munición tiene un propósito y que la elección correcta depende del contexto. Esa posibilidad de adaptar la práctica convierte a la escopeta en una herramienta didáctica incomparable. Por eso, en mi opinión, es la mejor arma para la defensa urbana o del hogar.

5. En su entrevista a Carlos Coto, se explora el mundo de la caza mayor. ¿Usted practica la caza? Si es así, ¿qué especies prefiere y qué lugar cree que ocupa esta actividad en la cultura argentina? Si no, ¿cómo concilia su defensa de las armas con una actividad que, para muchos, implica un sufrimiento innecesario para los animales?

CS- Soy orgullosamente cazador, y practico siempre una caza ética y legal. Me he desempeñado también como guía de caza y responsable técnico de un coto en la Patagonia. Mi pasión nació en la infancia: mi padre, entrerriano panza verde, disfrutaba de la pesca y la caza, y gracias a él yo también me convertí en pescador y cazador. Desde los siete años lo acompañaba en sus salidas al campo, donde cazábamos perdices, liebres y vizcachas.

Recuerdo con claridad un día de septiembre, cuando tenía doce años. Mi padre me miró y me dijo: “Ya sos grande para ir a cazar solo. Tenés responsabilidad, conocés las medidas de seguridad y sabés lo que no hay que hacer. Andá y tráete una liebre.”Me paso la carabina .22 y ese fue el inicio de mi camino en la caza menor.

A los dieciocho años, en la Estancia El Tala de mi amigo Federico Ferreira Achaval, en los pagos de Madariaga, disparé por primera vez un Mauser y oficialmente me inicié en la caza mayor cazando chanchos. Desde entonces, si me preguntan, prefiero la caza mayor: un solo animal basta para obtener buena carne y un trofeo, mientras que en la caza menor se necesitan varias piezas para llenar un frasco de escabeche o preparar unas empanadas. Yo solo cazo lo necesario, nunca en exceso, y por eso hoy me dedico casi exclusivamente a la caza mayor.Entre las especies, mis favoritas son el chancho jabalí y el ciervo. Además, la elección del lugar influye enormemente: si bien la Patagonia es mi predilecta, y allí abundan justamente esos dos animales que tanto me apasionan, por ser del ámbito rural, suelo recibir invitaciones a distintos campos bonaerenses, donde la experiencia se enriquece con la diversidad de paisajes. Amo el aroma de pasto con rocío en la madrugada, el ruido del agua en los arroyos o ríos, el viento frio pegando con crueldad en la cara, mientras veo las magníficas primeras luces del amanecer.

La actividad cinegética suele ser cuestionada, al igual que el uso de las armas, por motivos que responden más a la ideología y al desconocimiento que a la realidad. Nuestrasleyesnacionales y provinciales de caza, constituyen un marco jurídico sólido y responsable: en todos los casos se protege la fauna silvestre autóctona, y no conozco cazador legal que pretenda ir en contra de esas normas.En cada cazador hay un conservacionista que cuida el recurso. De hecho, hay asociaciones de cazadores que están promoviendo la reproducción de especies autóctonas en riesgo de extinción, como, por ejemplo, el ciervo huemul. Son acciones privadas que tienen más alcance aún que las realizadas por el estado nacional y provincial.Quienes critican y hablan mal de la caza, en general, no saben cuál es la diferencia entreespecies exóticas y las autóctonas.Quienes reducen la caza a “hacer sufrir y matar animales” desconocen lo que realmente significa cazar.

Hoy, la caza regulada se ha convertido en una herramienta sustentable y fundamental para el control de poblaciones exóticas y para mantener el equilibrio con la flora y fauna nativa. Todas las actividades se encuentran profesionalizadas. Ya no hay lugar para improvisados: existe una industria organizada que invierte en genética, controla el recurso, genera divisas y brinda empleo en regiones donde escasean otras oportunidades, donde los presupuestos estatales no llegan o no existen planes de promoción industrial. Su efecto multiplicador es evidente en los pequeños pueblos que dependen directamente de la actividad.

Incluso hay realidades que no se mencionan por ser “políticamente incorrectas” como que muchas escuelas de la República Argentina cuentan con carne en los platos de sus comedores gracias a las donaciones de la caza legal y no a los ministerios intervinientes. El verdadero problema lo representan los cazadores furtivos, ajenos a la industria y a la ética. Estos personajes son una desgracia, desprecian las leyes y reglamentos, disparan sin medida, se quedan con el trofeo y abandonan la carne, una auténtica barbaridad que nada tiene que ver con la caza responsable. Lamentablemente, por su accionar se estigmatiza a todo un universo de cazadores legales, por unos pocos, se mal etiqueta a muchos.

Las críticas más duras suelen provenir generalmente del ámbito urbano, donde existe una marcada disociación con la realidad rural. Es fácil condenar la caza desde la comodidad de un supermercado, donde la carne llega en bandejas prolijas, olvidando que alguien ya mató, faenó y distribuyó ese animal. En general, el ciudadano urbano desconoce cómo funciona la vida en el campo y las carencias que allí existen, se da por sentado que existe energía eléctrica, agua, gas, comunicaciones, correo, como si fuera la ciudad, grave error. Como suelo responder irónicamente en estas discusiones: “¿Sabés lo que pasa? En Ataliva Roca no hay una boca del subte.”

La Argentina es mayormente territorio rural; el ejido urbano construido es mínimo en comparación con la extensión del campo. La cacería, por tanto, es una actividad principal y habitual en gran parte del país, ligada de manera innegable al patrimonio cultural nacional, especialmente a la tradición gauchesca. Ignorar que gracias a la caza el ser humano no solo sobrevivió, sino que también progresó y evolucionó —en gran medida por el consumo de proteínas y grasas que hizo crecer nuestro cerebro— es negar nuestra propia historia. En cada persona hay, de algún modo, un cazador.

Por eso, muchas veces invito a leer el magnífico ensayo de Ortega y Gasset sobre la caza. No solo es un despliegue de su pluma virtuosa, sino también un racconto histórico que demuestra lo fundamental que ha sido —y sigue siendo— la actividad cinegética para la sociedad.

6. En el caso de los colegios, usted aboga por la prevención en salud mental. ¿Pero cómo se financia eso en un sistema educativo colapsado? ¿No es más barato y efectivo para el Estado endurecer los controles para evitar que un adolescente con problemas acceda al arma de sus padres, que diagnosticar a todos los adolescentes del país? ¿No es una solución idealista?

CS- Cuando viví en Australia, había una expresión que decía que si vos querías algo, la cosa era fácil: “payyourmoney”, es decir, paga lo que vale. Y eso aplica a todo, el estado nacional argentino no escapa a esa lógica. Punto aparte, la realidad demuestra que un adolescente decidido a iniciar un tiroteo escolar no solo suele dar señales de advertencia, sino que también encontrará la manera de obtener un arma. Ninguna medida legal de prevención puede garantizar una eficacia absoluta: el tiempo y la determinación juegan a su favor, incluso recurriendo al robo. Nuestra legislación exige que, según la cantidad de armas que posea un usuario, estas se mantengan bajo llave o en cajas de seguridad, medidas estrictas y adecuadas para reducir riesgos, pero que no evitan cancelarlos del todo. En el ámbito doméstico, donde la persona confía y se relaja, siempre existe la posibilidad de un descuido y acceder a ellas. Existen múltiples ejemplos que ilustran esta problemática. En el caso de “Pan Triste”, el arma pertenecía a su madre; en el de “Junior”, la obtuvo robándosela a su padre; “Nahir Galarza”sabia donde su padre escondía su arma; y en el reciente tiroteo en Santa Fe, el arma fue robada del abuelo. Estos hechos demuestran que, aun con fuertes medidas de seguridad, siempre puede existir una vía de acceso a las armas dentro del entorno familiar. Y si no es así, las armas conseguidas son vía la ilegalidad.

El problema central no reside en imponer mayores restricciones al acceso a las armas de fuego, sino en la ausencia de mecanismos eficaces de prevención y detección temprana de las señales de advertencia que suelen manifestar los potenciales agresores. Diversos estudios señalan que en aproximadamente el 95% de los casos el factor desencadenante es el acoso escolar o bullying. Cabe recordar que el bullying está tipificado como conducta ilegal y prohibida en la normativa argentina; sin embargo, su persistencia demuestra que la mera prohibición carece de eficacia práctica, simplemente ocurre.

En consecuencia, se impone la necesidad de diseñar una política pública uniforme, tanto a nivel nacional como provincial, orientada a la prevención y a la detección temprana de estas conductas y de sus víctimas. Los compañeros de quienes emiten amenazas suelen reconocer que no son ficticias, pero carecen de canales comunicacionales para transmitir sus inquietudes. Por ello, resulta indispensable crear vías de comunicación seguras y establecer protocolos claros que instruyan a los escolares sobre cómo actuar en tales situaciones.

La ausencia de simulacros básicos —como los de incendio— en el sistema educativo argentino evidencia una carencia estructural en materia de prevención. Imagínese entonces un simulacro de tiroteo para capacitar a los alumnos y sepan cómo protegerse, suena a ciencia ficción, pero es algo que se debe organizar. Implementar protocolos específicos frente a amenazas armadas no debería considerarse un exceso, sino una medida fundamental para garantizar la seguridad escolar y cumplir con el deber estatal de protección.

La prevención en materia de salud física y mental no constituye un idealismo, sino una obligación estatal derivada del principio de protección integral de la niñez y adolescencia. La historia argentina ofrece antecedentes claros: en décadas pasadas, las escuelas primarias articulaban con nosocomios estatales revisiones médicas periódicas y universales, lo que permitía detectar enfermedades y realizar intervenciones quirúrgicas tempranas. Asimismo, el servicio militar obligatorio, más allá de su carácter castrense, cumplió una función sanitaria relevante al garantizar controles médicos sistemáticos en gran parte de la población masculina.

Hoy, la necesidad es adaptar esas políticas preventivas al ámbito escolar, atendiendo a las problemáticas contemporáneas. Ello exige reconocer que los recursos destinados a la prevención y a la protección de menores no pueden ser objeto de negociación presupuestaria, sino que constituyen una inversión obligatoria en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de derechos humanos. Estos fondos no son negociables.

En síntesis, corresponde trabajar en un diseño de políticas públicas serias, uniformes y sostenibles, que integren la prevención sanitaria y psicosocial integral en el sistema educativo. El Estado no puede apartarse de su responsabilidad de protección de los menores.

7. Para cerrar, una reflexión personal. Usted ha dedicado tiempo y energía a defender a un sector que suele ser estigmatizado. ¿Qué le diría a un ciudadano común, que no tiene armas y quizás les tiene miedo, para que cambie su percepción y entienda que los legítimos usuarios son un aliado para su seguridad y no una amenaza? ¿Cómo construye un puente con quien cree que «menos armas es más seguridad»?

Es muy difícil. Le diría que asista a un polígono de tiro y se informe. Luego de eso debería entender porque “Mas armas legales es más seguridad” y apoyar la causa. Pero lo que generalmente ocurre es que insisten en considerar a los legítimos usuarios como una amenaza para la seguridad pública, entonces le recordaría que en una democracia corresponde respetar la Constitución y las leyes: quienes portamos armas de manera legítima tenemos tanto derechos como obligaciones.

A lo largo de mi vida he encontrado personas que me desafían con un “convénceme”, pero he aprendido que quienes ya tienen una postura tomada difícilmente la cambien, aunque tengan la realidad delante de las narices, no lo van a querer admitir. Uno puede presentarles argumentos sólidos, datos contundentes, testimonios de familias víctimas de la delincuencia, o explicar por qué “más armas significan más seguridad”; sin embargo, no lo van a aceptar y muchos prefieren mostrarse más indulgentes con el delito antes que con un ciudadano legal con derecho a defenderse.

En esos casos, simplemente pregunto: “¿Vos sos democrático, no?”. La respuesta suele ser afirmativa, entonces concluyo: “Aunque no te gusten las armas y quieras prohibirlas, yo tengo derecho a poseerlas y usarlas. Respeta la Constitución y las leyes. Gracias”. Generalmente, la conversación termina en silencio, con una mirada de rencor y una sonrisa irónica.Hay quienes creen tener derecho a imponerse sobre la voluntad, libre elección, preferencias y los derechos de los demás justificándose en la “seguridad pública» o “el miedo a las armas”. A nadie hoy se le ocurre criticar la elección de la sexualidad de cada persona, pero si se elige criticar la elección de poseer armas y usarlas para esparcimiento, deporte o defensa; para el caso es el mismo tema: una persona queriendo avanzar sobre los derechos de otros,sin reconocer ni aceptar un marco legal ni datos duros que no les dan la razón. Pero vivimos en un Estado democrático, donde los derechos deben protegerse y ampliarse, nunca prohibirse.El control de armas, en realidad, no trata sobre las armas: se trata sobre el control, el control de la población. Lo que menos interesa son las armas en sí. Por eso los grupos desarmistas trabajan intensamente en el Congreso para modificar las leyes, encontrando argumentos maquiavélicos convincentes para restringir y eliminar derechos. Ese camino solo conduce al fracaso operativo, porque ya se ha demostrado que no funciona. Para ejemplo tiene al mayor ente desarmista jamás creado por el estado con asesoramiento en el articulado de su constitución por parte de los entes desarmistas:la difunta ANMaC – Agencia Nacional de Materiales Controlados – Ni los desarmistas ni muchos legisladores comprenden o les importa que el sistema de control existe gracias a los legítimos usuarios, se sostiene gracias a ellos, y sus verdaderos dueños son precisamente los legítimos usuarios.

Permítame cerrar esta entrevista con una anécdota propia de los años setenta y ochenta, cuando era un niño yendo al polígono. En aquellos tiempos de dictadura, mucha gente, por miedo a ser confundidos con terroristas, escondió sus armasen campos, jardines, galpones. Pero cuando en 1983 llegó la democracia con Alfonsín, esas armas reaparecieron.Y cuando vino el ReNAr-Registro Nacional de Armas- allá por 1992 con Genaro Baezlas armas se empadronaron y registraron. Fueron los legítimos usuarios quienes respondieron al llamado del gobierno a regularizar años de vacío legislativo y administrativo, que de buena fe dijeron que armas tenían y donde estaban. Me gusta decir que, si las armas “sobrevivieron” a Videla y a la junta militar, también sobrevivirán a cualquier embate delirante de desarmistas y legisladores trasnochados buscando un billete. Y eso es porque, al fin y al cabo, quienes alimentan y sostienen el sistema son los legítimos usuarios, que han demostrado ser legales, responsables y confiables tenedores de armas, totalmente a lo opuesto del gobierno, que ha vivido cambiando las reglas constantemente con visión desarmista, expulsando legítimos usuarios del sistema, pensando que tenía el poder y realizaban el desarme y lo único que lograron fue un fracaso administrativo y pérdida del control registral. Hay que trabajar para que se comprenda este punto, como dice Ud. construir los puentes con esta realidad, para que se puedan tomar decisionesadministrativas de la calidad que los ciudadanos nos merecemos. Respetar nuestros derechos solo da más calidad institucional al país.

GC- Gracias Christian por el tiempo.