Hay un número que los inversores miran todos los días. Mide la diferencia entre los bonos argentinos y los del tesoro estadounidense. Sube, baja, asusta, calma. Es el riesgo país clásico, el que habla de deuda, de inflación, de reservas. Pero existe otro riesgo país que ningún índice financiero captura con precisión. Es más difuso, más estructural, y quizás más letal para cualquier intento de desarrollo serio. Es la desconfianza en la independencia del Poder Judicial. Es la certeza, fundada en ochenta años de historia, de que en la Argentina el gobierno de turno, sea del signo que sea, se siente con derecho a obedecer sólo los fallos que le convienen. Y es también la certeza de que la propia Justicia, muchas veces, se comporta como una casta privilegiada que no se autoregula.
Cuando un inversor evalúa poner miles de millones de dólares en una obra de infraestructura, en una exploración de Vaca Muerta o en una planta industrial, no solo pregunta por el tipo de cambio o la rentabilidad. Pregunta, sobre todo, qué pasa si el Estado incumple un contrato. Y si la Justicia, llegado el caso, le dará la razón o lo condenará al laberinto de los recursos dilatorios, los indultos encubiertos y la presión política. En la Argentina, esa respuesta no es tranquilizadora.
La génesis del conflicto.
Los primeros grandes choques entre poderes no surgieron por dinero, sino por legitimidad. Entre 1945 y 1955, mientras Juan Domingo Perón ascendía y consolidaba su poder, el Poder Judicial fue un incómodo adversario. En 1945, la Corte Suprema tuvo el coraje de anular una condena militar impulsada por el entonces coronel Perón contra oficiales opositores. La respuesta no se hizo esperar, en 1947, el Congreso peronista sometió a juicio político a los miembros de la Corte y los destituyó. La nueva Corte, alineada, ya no volvería a estorbar.
Allí nació una práctica argentina, si la Justicia no falla como el poder quiere, se cambian los jueces. No hacía falta incumplir sentencias; bastaba con que las sentencias no existieran. Para un inversor extranjero, esa clase de escenas no aparece en ningún prospecto de inversión. Pero pesa más que cualquier guarismo.
Entre 1965 y 1975, el patrón se profundizó con la violencia institucional. En 1966, la dictadura de Onganía no discutió fallos, directamente borró a la Corte Suprema y la reemplazó por jueces adictos. No hubo recursos, ni apelaciones, ni indignación ciudadana masiva. Sólo decretos y silencio. La doctrina de facto, esa vergüenza jurídica que validaba golpes de Estado, hizo el resto. Cuando en 1973 el peronismo intentó restaurar la independencia judicial y la Corte peronista se animó a declarar nulas sanciones de la dictadura, la rueda volvió a girar. El golpe de 1976 enterró ese intento bajo una montaña de sangre y desaparecidos.
En esos años, la Justicia no desobedecía porque, sencillamente, no podía. Los militares no necesitaban incumplir fallos; gobernaban sin ellos. El otro riesgo país, en esa época, era directamente la arbitrariedad absoluta. Ningún contrato estaba a salvo. Ninguna inversión, segura.
Con la recuperación democrática de 1983 llegó la ilusión. El Juicio a las Juntas de 1985 fue un acto de justicia heroico, Videla y Massera condenados a perpetua. Por primera vez en América Latina, un gobierno civil juzgaba a sus propios verdugos. Pero la euforia duró poco.
Las presiones militares dieron origen a las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987). El Poder Ejecutivo, bajo el mando de Raúl Alfonsín, no desobedeció un fallo, sino que impulsó leyes para impedir futuras condenas. La Justicia quedó atada de manos. Y luego, el golpe final, entre 1989 y 1990, Carlos Menem indultó a los genocidas. Las sentencias de 1985 valieron menos que el papel donde estaban escritas. Los represores salieron de la cárcel. El olvido, otra vez, fue una política de Estado.
Para un inversor, ese capítulo dejó una enseñanza brutal, en la Argentina, la Justicia podía condenar, pero el Presidente podía perdonar. La seguridad jurídica se convirtió en un chiste macabro. El riesgo país financiero explotó, pero el riesgo país judicial ya había echado raíces mucho antes.
Entre 1996 y 2006, algo profundo se transformó. El proceso comenzó casi en secreto, en 2001, un juez federal, Gabriel Cavallo, declaró inconstitucionales las leyes de impunidad. Fue un acto de audacia jurídica en medio de la crisis más aguda de la historia argentina. Pero recién con la asunción de Néstor Kirchner en 2003 el péndulo se invirtió. El Poder Ejecutivo, por primera vez en décadas, empujó hacia la Justicia en lugar de frenarla.
En 2005, la Corte Suprema, ya renovada y sin los jueces de la mayoría automática menemista, declaró nulas las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. En 2006, anuló el indulto de Menem al represor Santiago Riveros. Las condenas volvieron a ser posibles. Los genocidas, muchos años después, comenzaron a morir presos.
Pero ni siquiera en ese apogeo judicial faltó la hipocresía. El mismo gobierno kirchnerista que impulsaba los juicios por lesa humanidad, terminó en conflicto con la Corte Interamericana por el caso Fontevecchia, negándose a cumplir una sentencia que lo obligaba a indemnizar a periodistas. La constante se repitió, esta vez con otro signo político, el poder, cuando le toca pagar, siempre encuentra una excusa.
Hay un capítulo aún más sórdido que la mera desobediencia o la hipocresía puntual, el abuso de la corrupción ajena como estrategia de poder. El kirchnerismo no sólo desobedeció fallos incómodos; construyó una narrativa completa para deslegitimarlos de antemano, al tiempo que se apoyaba en fallos favorables obtenidos por presión.
La jugada maestra tuvo tres actos.
Primer acto: la infiltración. Mientras el gobierno de Cristina Fernández denunciaba un «partido judicial» opositor, sus propias filas crearon «Justicia Legítima», una agrupación explícitamente política dentro del Poder Judicial. Jueces y funcionarios afines al kirchnerismo se organizaron como una línea interna que respondía a intereses del Ejecutivo. La hipocresía era del tamaño de un palacio, criticaban a los jueces por hacer política mientras ellos mismos se sindicalizaban como facción dentro de los tribunales.
Segundo acto: la persecución retórica. La presidenta llevó el show a cadena nacional. Instaló la idea de que la Justicia era un «partido judicial» opositor. Cuando la condena por corrupción se volvió inminente, subió la apuesta, ya no era un partido político, sino una «mafia judicial» y un «estado paralelo». El concepto de «lawfare» (guerra jurídica) logró que millones de argentinos creyeran que las causas judiciales eran armazones mediáticos. La estrategia no buscaba convencer a los jueces, sino contaminar el sentido común de su base electoral para conservar poder movilizatorio incluso con condenas firmes.
Tercer acto: el abuso del fallo ajeno. Durante años, el kirchnerismo esgrimió un fallo del juez Norberto Oyarbide que, según su interpretación, demostraba que no hubo «enriquecimiento ilícito» en su patrimonio. Ese fallo fue su escudo. Hasta que el propio Oyarbide confesó, con la famosa frase «me agarraron del cogote», que había recibido presiones explícitas para acelerar causas y fallar en determinada dirección. La confesión fue un baldazo de realidad, el principal fallo que los blindaba provenía de un juez manipulado por el poder político.
El desenlace fue previsible. Cuando la Corte Suprema ratificó la condena por corrupción en la «Causa Vialidad», el kirchnerismo simplemente cambió el tablero. Dejó de lado el fallo de Oyarbide y argumentó que esta nueva sentencia era parte del «cepo al voto popular». La Justicia, entonces, servía para un rato nomás.
El ciclo quedó completo. Si falla a favor, se difunde por cadena nacional. Si falla en contra, es lawfare. Si se demuestra que hubo presión para fallar a favor, se hace silencio y se borra el expediente.
La conclusión es perturbadora, para el poder político de turno, la Justicia sólo es válida cuando es funcional. Cuando no lo es, no sólo se desobedece; se destruye su reputación para que nadie crea en ella. Ese cinismo es el verdadero caldo de cultivo del otro riesgo país; la certeza, alimentada por décadas de ejemplos, de que en la Argentina los contratos y las leyes valen lo que dura la lealtad del juez de turno.
¿Cuánto le cuesta a la Argentina no respetar sus propios fallos? No hay un número exacto, pero se puede estimar. Cada vez que el Estado pierde un juicio en el CIADI (Centro de Arbitraje del Banco Mundial) y demora años en pagar, la tasa de interés que exigen los prestamistas internacionales sube. Cada vez que un gobierno nacional anuncia que no va a acatar una sentencia de la Corte Suprema, como ocurrió en 2022 con el conflicto por la coparticipación, los bonos caen y el dólar paralelo se dispara.
Pero el daño más profundo es el que no se ve. Es la inversión que nunca llega. La empresa que elige Brasil o Chile porque allí, aseguran los estudios de riesgo, la Justicia es más previsible. El fondo de infraestructura que mira el mapa de América Latina y traza un círculo alrededor de la Argentina con una anotación al margen: «cuidado: fallos incumplidos, indultos sorpresivos, jueces removibles».
Esa anotación es el otro riesgo país. Y es altísimo.
La Justicia como parte del problema
Hasta aquí, el relato ha pintado a un Poder Judicial casi heroico, el que condenó a las juntas en 1985, el que declaró inconstitucionales las leyes de impunidad en 2005, el que ordenó pagos y obras al Ejecutivo reacio. Pero sería una hipocresía monumental detenernos allí sin mirar el espejo de enfrente. Porque si algo erosiona la confianza en la Justicia tanto como la injerencia del poder político, es el comportamiento de muchos de sus propios funcionarios.
La sociedad argentina no es ingenua. Mira, ve y compara. Y lo que ve, muchas veces, la indigna.
Celeridad selectiva. Hay causas que se resuelven en semanas porque involucran a un empresario opositor o a un periodista incómodo. Y hay causas, sobre todo las que tocan a miembros del propio poder judicial o a sus conexiones, que duermen años en cajones polvorientos. La justicia tardía no es justicia, reza el viejo adagio. Pero en Argentina, muchas veces ni siquiera es tardía, directamente no llega.
La elite que no se reconoce. El ciudadano común cruza la puerta de un tribunal y se enfrenta a empleados que lo miran por encima del hombro, a secretarios que no devuelven llamados, a jueces que atienden de 10 a 13 horas y que parecen vivir en una burbuja. No es un prejuicio: es una percepción extendida que los propios estudios de opinión vienen midiendo hace años. La Justicia es vista como una casta privilegiada, prejuiciosa, con aires de grandeza, más preocupada por sus propios códigos internos que por servir a la ciudadanía.
La farándula judicial. El fenómeno no es nuevo, pero se ha exacerbado. Jueces y fiscales que posan para las tapas de las revistas, que conceden entrevistas a los programas de chimentos, que se pasean por los estrenos de teatro o las bodas de figuras políticas. La imagen de la toga ha caído al barro del espectáculo. Cuando un juez parece más preocupado por su perfil mediático que por la coherencia de sus sentencias, la confianza se desvanece.
El misterio de los patrimonios. Aquí es donde la cosa se pone más espesa. La sociedad observa, con esa mezcla de impotencia y bronca acumulada, que muchos jueces, secretarios y funcionarios judiciales viven en barrios cerrados, cambian el auto cada dos años, veranean en Punta del Este o en Miami, y muestran un nivel de vida que sus sueldos, aunque elevados en comparación con el ciudadano promedio, no parecen justificar. No se trata de envidia. Se trata de consistencia, si un juez gana 2 o 3 millones de pesos por mes, digamos, entre 2.000 y 3.000 dólares al cambio oficial, no puede tener una casa en Nordelta valuada en medio millón de dólares, dos camionetas 0 km y colegios privados para tres hijos. Los números, a veces, no cierran. Y cuando no cierran, la ciudadanía sospecha.
La peor de las hipocresías: los privilegios fiscales de los jueces. Pero hay una grieta ética que supera a todas las anteriores. Mientras el ciudadano común paga IVA, Ganancias, Bienes Personales, Ingresos Brutos, patentes, tasas municipales y una letanía de impuestos que lo ahogan mes a mes, el Poder Judicial ha construido un andamiaje legal que permite a sus propios integrantes eximirse del pago de tributos que el resto de los mortales sí paga. Y no lo hacen en secreto. Lo hacen parapetados detrás de sus propios fallos, de interpretaciones convenientes de alguna ley, de privilegios históricos que nunca se animaron a modificar.
El ejemplo más emblemático es el Impuesto a las Ganancias. Durante años, los jueces de la Nación argumentaron que sus salarios son «remuneraciones» pero no «ganancias», una distinción digna de un carpintero filosófico. La Corte Suprema, en el famoso fallo «García» de 2019, terminó dando marcha atrás y ordenándoles pagar. Pero la pelea duró años, y mientras duró, los jueces se autoeximieron de un tributo que pagan los gerentes, los médicos, los kiosqueros y cualquier empleado de comercio que supere cierto piso.
¿El resultado? Un daño reputacional incalculable. Porque si el guardián de la Constitución comienza por no cumplir con el fisco, ¿con qué autoridad moral le va a reclamar a un ciudadano moroso o a un empresario evasor? ¿Con qué legitimidad puede un juez, que vive en un country y no paga los mismos impuestos que su vecino, dictar sentencia sobre un pobre tipo que no alcanzó a pagar la patente del auto?
Solo los jueces nombrados desde el 1ro de enero de 2017 deben pagar ganancias (ley 27346) los anteriores no. Igualdad ante la ley…más o menos.
El círculo vicioso de la desconfianza. El Ejecutivo desconfía de la Justicia (y la manipula). La Justicia desconfía del Ejecutivo (y lo frena). Y la sociedad, desde afuera, mira a ambas con un desprecio cada vez más parejo, hipócritas, privilegiados, una elite que se pelea por el poder y el dinero mientras el país se desangra.
Esa desconfianza horizontal, nadie cree en nadie, es quizás el componente más tóxico del otro riesgo país. Porque el inversor no solo pregunta si el Estado respetará un contrato. También pregunta, si tengo un conflicto, ¿caeré en manos de un juez que vive en un mundo paralelo, que atiende cuando quiere, que exime a sus colegas de pagar impuestos y que tal vez tenga un patrimonio difícil de explicar?
La respuesta honesta es incómoda. Y por eso, hasta que la Justicia no haga una autocrítica profunda, y no solo señale al Ejecutivo, la desconfianza seguirá siendo moneda corriente.
La historia de las relaciones entre el Ejecutivo y el Judicial en Argentina revela un patrón perturbador, el poder político sólo respeta a la Justicia cuando le es funcional. Cuando la Justicia ordena investigar corrupción, condenar violaciones a los derechos humanos o pagar deudas, el Ejecutivo responde con indultos, cambios de jueces, presiones presupuestarias o lisa y llana desobediencia.
No importa el signo político. Perón cambió jueces. Los militares los borraron. Alfonsín frenó juicios con leyes. Menem indultó genocidas. Kirchner impulsó juicios pero desobedeció a la Corte IDH, al tiempo que armó «Justicia Legítima» y se refugió en fallos de jueces presionados. Cada gobierno construyó su propia relación con la Justicia a medida de su conveniencia.
Pero el problema no es sólo el Ejecutivo. La propia Justicia argentina —con sus celeridades selectivas, su elitismo, sus jueces de la farándula, sus patrimonios que no cierran y sus privilegios fiscales, ha contribuido activamente a erosionar la confianza que alguna vez depositó la sociedad en ella.
El problema no es sólo ético. Es económico. Es político. Es, ante todo, reputacional. Un país donde el Presidente puede ignorar un fallo de la Corte, donde el Congreso puede destituir jueces incómodos, y donde los propios jueces se comportan como una casta intocable, no es una democracia plena. Es una democracia a cuentagotas, y a la vez un destino de alto riesgo para cualquier inversor racional.
Hoy, los tribunales siguen ordenando obras, pagos, investigaciones. Y los gobiernos siguen encontrando formas de demorar, vaciar o ningunear esas decisiones. El olvido, en Argentina, no es una falla de memoria. Es una tecnología de poder. Y la lentitud, la selectividad y el privilegio judicial son su contracara.
La pregunta que debería incomodarnos no es si la Justicia falla. Es por qué el poder se siente con derecho a elegir qué fallos obedecer y cuáles archivar en el cementerio de la indiferencia. Y la pregunta que debería incomodar a los inversores es aún más simple, si el Estado argentino no respeta a sus propios jueces, y si esos jueces no respetan siquiera la obligación de pagar los mismos impuestos que el resto, ¿por qué habría de respetar un contrato?
Mientras esas preguntas no tengan una respuesta tranquilizadora, el otro riesgo país, el que no se mide pero se sufre, seguirá siendo la variable más cara que la Argentina paga, aunque ningún índice financiero la registre.
