A un mes de la desaparición de Agostina Vega, una adolescente de apenas 14 años cuyo femicidio conmovió a toda Córdoba, sigue resonando una pregunta incómoda: ¿el Estado debe actuar solamente después de una tragedia?
El caso de Agostina ocurrió en la ciudad de Córdoba y no existe ningún elemento que permita vincularlo directamente con lo que sucede durante las noches en Malvinas Argentinas. Pero dejó una enseñanza que ninguna autoridad debería ignorar: cuando hay adolescentes expuestos, señales de riesgo y adultos que miran hacia otro lado, llegar tarde puede tener consecuencias irreparables.
Por eso hoy tenemos que preguntarnos: ¿quién controla la noche en Malvinas?
El frío hizo disminuir la cantidad de personas que se reúnen durante las madrugadas, pero no resolvió el problema. La plaza San Martín continúa siendo un lugar de encuentro nocturno y, en distintos domicilios de las tres secciones, se desarrollarían reuniones y fiestas sin habilitación, sin controles visibles y en plena zona residencial.
No se trata de cuestionar que los jóvenes se encuentren, escuchen música o se diviertan. Tampoco de perseguirlos ni de convertir la ciudad en un lugar sin vida nocturna.
Se trata de algo mucho más elemental: que alguien cuide.
Que se controle dónde se realizan las fiestas, quiénes las organizan, si concurren menores de edad, si existe venta o suministro de alcohol, si el inmueble tiene condiciones mínimas de seguridad, si hay salidas de emergencia y qué ocurre cuando una situación se descontrola.
Los vecinos que viven cerca de algunos de estos lugares relatan, muchas veces con miedo, movimientos permanentes durante la madrugada, música a gran volumen, motocicletas, vehículos que llegan y se retiran constantemente y situaciones que, como mínimo, deberían llamar la atención de las autoridades.
Son vecinos que al día siguiente tienen que levantarse para trabajar, estudiar o atender a sus familias sin haber podido descansar. Y también son personas que sienten que realizar un reclamo puede exponerlas, porque no saben quién está detrás de esas reuniones ni qué respuesta van a recibir.
Más grave todavía es lo que cuentan algunos padres y adolescentes.
Se habla de consumo de alcohol por parte de menores, presunta circulación de drogas y posibles situaciones de abuso, violencia o explotación sexual. Nada de esto debe afirmarse públicamente como un hecho comprobado sin una investigación. Pero tampoco puede ser descartado como un simple rumor.
Cuando distintos testimonios describen situaciones semejantes, la obligación del Estado no es esperar una denuncia perfecta ni mirar hacia otro lado. La obligación es verificar, prevenir, intervenir y proteger.
¿Tenemos que esperar que otra adolescente desaparezca, sea abusada o pierda la vida para que se organice un operativo?
¿Tiene que ocurrir una desgracia para que intervengan la Municipalidad, la Justicia de Faltas, el Concejo Deliberante, la Policía, los organismos de protección de la niñez y, cuando corresponda, el Ministerio Público Fiscal?
Malvinas no puede depender de un megaoperativo extraordinario dispuesto después de que todo se haya desbordado. El control de la noche debe ser una política permanente, coordinada y preventiva.
La Municipalidad tiene responsabilidades concretas. Debe controlar habilitaciones, espectáculos, comercios, venta de alcohol, ocupación de los espacios públicos, ruidos molestos, higiene, seguridad y condiciones de funcionamiento. También debe intervenir cuando una vivienda deja de albergar una reunión privada común y se transforma, de manera reiterada, en un lugar de concurrencia masiva que altera a todo un sector.
La Policía tiene que prevenir delitos, preservar el orden y responder ante situaciones de riesgo. La Justicia de Faltas debe aplicar las ordenanzas y sanciones correspondientes. El Concejo Deliberante debe controlar al Ejecutivo, pedir informes y dictar las normas que todavía hagan falta. Los organismos de niñez deben actuar cuando existan menores expuestos a situaciones de vulneración. Y el Ministerio Público Fiscal tiene que investigar cuando aparezcan indicios de delitos.
Ninguna institución puede responder que el problema corresponde exclusivamente a otra.
La Policía no reemplaza al municipio. El municipio no puede esconderse detrás de la Policía. La Justicia de Faltas no investiga delitos, pero sí debe actuar frente a las infracciones municipales. Y la Fiscalía no puede convertirse en el único control nocturno de una ciudad.
Lo mínimo que Malvinas necesita es un plan nocturno coordinado: controles regulares durante los fines de semana; presencia preventiva en la plaza San Martín y en los sectores señalados por los vecinos; inspectores municipales capacitados; medición de ruidos; verificación de habilitaciones; control de venta de alcohol; intervención inmediata cuando haya menores en riesgo; recorridos policiales programados; un canal de denuncia confidencial y un registro público de actuaciones y resultados.
También se necesita una política destinada a los jóvenes: espacios seguros, actividades nocturnas organizadas, prevención de consumos problemáticos, acompañamiento familiar y alternativas reales para encontrarse y divertirse sin quedar librados a lugares clandestinos o adultos que puedan aprovecharse de ellos.
Controlar no es solamente clausurar. Es prevenir, ordenar, acompañar y cuidar.
La ausencia prolongada de controles genera inevitablemente preguntas y sospechas. Las autoridades tienen la obligación de despejarlas mostrando qué inspecciones realizan, cuántas actas labran, qué lugares fueron controlados, qué denuncias recibieron y cómo intervienen cuando hay menores involucrados.
No corresponde acusar sin pruebas. Pero tampoco corresponde pedirles silencio a los vecinos mientras el Estado permanece ausente.
Después de una tragedia llegan las marchas, los discursos, las promesas y los grandes operativos. Pero gobernar es actuar antes.
La verdadera pregunta no es qué harán las autoridades cuando ocurra algo grave.
La pregunta es qué están haciendo hoy para impedirlo.
