En distintos sectores de Malvinas Argentinas comienza a ponerse sobre la mesa una situación que merece ser analizada: viviendas, locales e incluso galpones que son utilizados para alquilar habitaciones o pequeños espacios por día, semana o mes.
El problema no es que una familia alquile una habitación ni que una persona, frente a una situación económica difícil, encuentre allí una alternativa para vivir.
El problema aparece cuando el alojamiento de personas se transforma en una actividad económica sostenida, con numerosos ocupantes y sin que resulte claro si esos inmuebles cuentan con condiciones adecuadas de seguridad, higiene y habitabilidad o si existe una fiscalización efectiva.
EL EJE DEBE ESTAR EN LOS CONTROLES
No es lo mismo que una familia alquile una habitación disponible en su casa que subdividir o adaptar viviendas, locales o galpones para alojar simultáneamente a numerosas personas y obtener un beneficio económico de esa actividad.
Cuando esto sucede aparecen preguntas concretas.
¿Las instalaciones eléctricas y de gas son seguras? ¿Existe una correcta provisión de agua? ¿Hay sanitarios suficientes? ¿Existe ventilación adecuada? ¿Hay vías de evacuación? ¿Cuántas personas pueden alojarse de manera segura en cada inmueble?
Y, fundamentalmente: ¿quién controla?
La necesidad económica de una persona no puede transformarse en una oportunidad para que terceros obtengan una renta ofreciendo espacios que no reúnan condiciones mínimas.
Proteger a quien necesita alquilar también significa controlar a quien hace del alojamiento una actividad económica.
¿QUÉ SUCEDE EN MALVINAS ARGENTINAS?
También resulta necesario conocer qué controles existen actualmente en nuestra ciudad.
¿Hay un registro de estos establecimientos? ¿Necesitan habilitación? ¿Qué ocurre cuando un local o un galpón destinado originalmente a otra actividad comienza a utilizarse para alojar personas? ¿Se requiere alguna autorización? ¿Existen inspecciones municipales? ¿Dónde puede recurrir un vecino ante una situación irregular?
No se trata de perseguir a una familia que alquila una habitación ni de estigmatizar a quien necesita recurrir a este tipo de alojamiento.
Pero tampoco puede naturalizarse que cualquier inmueble pueda convertirse, sin controles, en un establecimiento destinado a alojar numerosas personas.
Si existe una actividad económica, deben existir responsabilidades y controles.
LA PREOCUPACIÓN POR LA SEGURIDAD TAMBIÉN DEBE SER ESCUCHADA
Existe además otro aspecto que no puede ignorarse.
Vecinos de algunos sectores relacionan la aparición o funcionamiento de determinados establecimientos con movimientos que consideran extraños, hechos de inseguridad e incluso posibles situaciones vinculadas con la comercialización de drogas.
Es importante ser claros: que una persona viva en una pensión, alquile una habitación o permanezca transitoriamente en un inmueble no significa que esté vinculada con un delito.
Pero esa necesaria aclaración tampoco debería utilizarse para desestimar el reclamo de quienes viven desde hace años en una sección y advierten situaciones que consideran preocupantes.
Si un vecino observa movimientos sospechosos, hechos delictivos concretos o situaciones que podrían estar relacionadas con la venta de drogas, tiene derecho a denunciarlo y a exigir que las autoridades investiguen.
No corresponde establecer culpabilidades colectivas ni señalar a todos los habitantes de un inmueble. Pero tampoco corresponde mirar hacia otro lado ante denuncias concretas.
Será responsabilidad de la Policía, la Justicia y los organismos competentes determinar si existe o no un delito.
CONTROLAR TAMBIÉN ES CUIDAR A MALVINAS
La discusión, entonces, tiene dos dimensiones que pueden convivir.
Por un lado, proteger a quienes por necesidad recurren a habitaciones o alojamientos económicos y garantizar que vivan en condiciones dignas y seguras.
Por otro, proteger también al vecino que reclama tranquilidad, controles y respuestas cuando observa situaciones que alteran la convivencia o cuando existen sospechas concretas sobre posibles actividades ilegales.
Una cosa no invalida la otra.
El problema no es que una familia alquile una habitación por día, semana o mes. El problema es que se exploten alojamientos sin condiciones adecuadas de seguridad e higiene, sin fiscalización efectiva y sin que exista claridad respecto de quién controla lo que sucede cuando numerosos ocupantes son alojados en un mismo establecimiento.
La intervención del Estado debe proteger a quienes viven allí, exigir responsabilidades a quienes desarrollan la actividad, preservar la convivencia con el resto del barrio y dar intervención a la Justicia cuando existan denuncias o indicios concretos de posibles delitos.
Por eso resulta necesario conocer cuál es la normativa vigente en Malvinas Argentinas, qué requisitos deben cumplir estos establecimientos, si existe algún registro y qué controles se realizan.
Proteger a quien necesita un lugar donde vivir y escuchar al vecino que reclama seguridad no son posiciones enfrentadas.
Ambas cosas forman parte de la responsabilidad del Estado.
