El Gobierno de la Provincia de Córdoba anunció la implementación de un nuevo protocolo mediante el cual los padres o adultos responsables de menores involucrados en falsas amenazas en establecimientos educativos deberán afrontar los costos de los operativos de seguridad desplegados por el Estado.
La medida fue formalizada por el Ministerio de Seguridad provincial y alcanza a situaciones que demanden la intervención de la Policía, brigadas especiales, bomberos, sistemas de emergencia y áreas de investigación. Según se informó, además de las consecuencias penales correspondientes, se avanzará con el recupero económico de los recursos utilizados.
Desde la cartera que conduce Juan Pablo Quinteros señalaron que este tipo de hechos no pueden ser considerados bromas, ya que alteran el normal funcionamiento escolar, generan angustia en estudiantes, docentes y familias, y desvían recursos que deberían estar destinados a la prevención del delito en otros sectores de la provincia.
El procedimiento prevé que, una vez identificados los responsables por la Justicia, se realice una cuantificación de los recursos humanos y materiales utilizados en cada operativo. Con esa información, el Estado podrá intimar el pago y, en caso de incumplimiento, iniciar acciones judiciales.
La decisión se da en medio de una serie de amenazas registradas en escuelas cordobesas durante las últimas semanas, fenómeno que encendió la alarma en la comunidad educativa y obligó a reforzar controles y protocolos preventivos.
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